El gobierno del presidente López Obrador favorece a las empresas energéticas estatales. Proyectos de empresas internacionales están paralizados en la lucha por el control sobre el mercado energético.
No solo desde la guerra de Ucrania la política energética se encuentra en el centro de la atención de muchos gobiernos. Se considera una industria clave para la seguridad nacional y, en ocasiones, también para la identidad nacional. Muchos gobiernos no pueden resistir la tentación de ponerla bajo estricto control estatal. También en México.
Este primero de noviembre fue desconectada la central eólica de la empresa española Iberdrola en Guanajuato. De acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Iberdrola incumplió un contrato al construir la central sin previo aviso en Guanajuato, en vez de en San Luis Potosí, como estaba previsto en el contrato. No fue la primera central de Iberdrola que fue desconectada. Apenas el pasado 1 de septiembre eso ocurrió con la central Enertek, ubicada en Tamaulipas, porque venció el permiso de generación. La primera fue en enero la central Dulces Nombres, ubicada en Pesquería, Nuevo León, que dejó de operar tras recibir una multa de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de unos 467 millones de dólares por haber vendido electricidad a terceros, es decir, a otras empresas de la industria, pasando por alto a la CFE.
La multinacional eléctrica española Iberdrola, dedicada a la producción, distribución y comercialización de energía, está presente en países como Brasil, Estados Unidos y México, y es una de las mayores compañías eléctricas del mundo. DW solicitó su punto de vista sobre el cierre de sus plantas en México, pero recibió una negativa.
Control estatal versus economía de mercado
«La política energética de un país viene determinada por su liderazgo político y está estrictamente ligada a sus objetivos. México no es una excepción», afirma Mauricio Foeth, abogado y analista de la consultora Taxavo en entrevista con DW. La línea política actual en México es la de fortalecer a dos actores estatales: la petrolera PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa estatal de electricidad, según Foeth. «En el fondo se trata de crear un modelo diametralmente opuesto a los gobiernos anteriores. Estos eran partidarios de una economía de mercado. El mercado decide, el precio o los mejores precios solo se consiguen a través de la libre competencia. Y el gobierno actual opina que todo eso es una patraña, que no sirve para nada», comenta.
El analista germano-mexicano Foeth admite, sin embargo, que en 2013, con la reforma constitucional en materia energética, que abrió el mercado mexicano a la inversión privada tanto en hidrocarburos como en electricidad, se cometieron muchos errores: «Fue una liberalización total que de esa manera no habría sido posible ni siquiera en Alemania». Pero ahora el péndulo oscila hacia el otro extremo, según Foeth. «Ahora solo se trata de fortalecer y proteger a los actores estatales. Todo lo demás está subordinado a esto, por ejemplo también la producción de energías renovables».
El presidente y las energías renovables
Ana Lilia Moreno, Coordinadora de Regulación y Competencia del centro de pensamiento México Evalúa, opina en conversación con DW que el presidente López Obrador es el mayor obstáculo en el camino hacia una la política energética dirigida hacia el futuro: «En mi opinión, el presidente López Obrador no entiende el sector eléctrico y tampoco el cambio climático. El es más cercano al sector petrolero. Su ideal es estatista cien por cien. Para él, la empresa estatal y el sindicato son los proveedores de desarrollo. O sea, su mente está clavada en el pasado.»
La investigadora cree que la estrategia del gobierno mexicano es «cansar a la industria hasta que haya una negociación por los activos, pero a precios muy bajos.»
La burocracia, el arma más poderosa del Estado
La batalla entre las instituciones estatales y la empresas privadas transcurre en gran parte en el campo de la burocracia. Las empresa privadas llegan a la CRE y solicitan cambios o nuevos contratos, pero a menudo la CRE las deja en el aire. «No es necesario hacer grandes cambios en la ley, basta con que las instituciones, cuando tienen que conceder los permisos, simplemente no los concedan o los retiren, a veces con razones, digamos, endebles», afirma Mauricio Foeth. Medios en México reportan que, en el país, al menos nueve proyectos de grandes desarrolladores como la alemana BayWa, la italiana Enel y la española Iberdrola están paralizados a la espera de permisos de operación de la CRE. Este problema político regulatorio crea, según muchos observadores, un clima de constante incertidumbre.
