Proteger la tierra en México: peligro de muerte
Los activistas Antonio Díaz y Ricardo Lagunes desaparecieron el 15 de enero entre Michoacán y Colima. Solo se encontró su camioneta con impactos de bala. Ambos protestaban contra la actividad de Ternium, una poderosa siderúrgica europea
El 15 de enero de 2023, el activista Antonio Díaz y el abogado Ricardo Lagunes asistieron a una asamblea en San Miguel Aquila, una comunidad indígena nahua del central estado de Michoacán, que se encuentra en conflicto por la actividad de Ternium, siderúrgica originaria de Luxemburgo que se considera la mayor productora de acero en América Latina.
Ricardo —conocido asesor legal de comunidades indígenas en el sureste de México— acompaña legalmente a la comunidad en defensa de su territorio; mientras que Antonio —activista social y ambiental— es comunero y candidato a la presidencia del Comisariado Ejidal de Aquila.
Ese domingo, ambos salieron de la asamblea rumbo a la capital del vecino estado de Colima. En el puente Coahuayana, que conecta ambas entidades, se registró la que sería la última comunicación de los defensores con sus familias, alrededor de las 19:00 horas. Después de eso, desaparecieron. La camioneta de Ricardo fue hallada ese mismo día en una carretera cercana, con impactos de bala y sin pasajeros.
Las familias de ambos iniciaron una intensa campaña de búsqueda y de exigencia a las autoridades por su localización, a través de manifestaciones tanto en Michoacán y Colima como en la Ciudad de México; además de una constante difusión con el apoyo de decenas de organizaciones sociales que los acompañan en su lucha. Un mes después de la desaparición, un grupo de expertos de Naciones Unidas exigió al gobierno de México investigar, procesar y castigar a los responsables, “ofrecer reparación a las víctimas y sus familias, y garantizar su seguridad”. La ONU también demandó acciones de otro actor involucrado: Ternium, a la que exigieron proporcionar la información disponible sobre la desaparición de Díaz y Lagunes.
Las familias han señalado a la compañía como posible involucrada en la desaparición de los activistas, ya que su defensa del territorio afecta directamente los intereses de expandir la mina Las Encinas, propiedad de Ternium.
La hermana de Ricardo, Ana Lucía Lagunes, y otros familiares exigieron que la siderúrgica apoyara la búsqueda o por lo menos se pronunciara al respecto, tras lo cual esta se limitó a emitir un comunicado en el que expresó solidaridad con las familias y toda la comunidad de Aquila, sin que hasta la fecha haya contactado a los afectados, aseguraron al columnista.
“Ternium rechaza categóricamente toda especulación y/o difamación que intente relacionarla con cualquier tipo de actividad ilícita”, sentenció la minera y aseguró que sus operaciones en la región son legales, cuentan con los permisos correspondientes y en acuerdo con la comunidad de San Miguel Aquila. Según la familia de Antonio Díaz esto no es del todo preciso. En entrevista con el columnista, uno de sus familiares —que solicitó anonimato por seguridad— confirmó que Ternium mantiene acuerdos con los habitantes de Aquila, pero también tiene intenciones de expandirse más allá de los límites establecidos en su concesión, razón por la cual se inició la defensa legal del territorio.
“(Ricardo y Antonio) buscaban que se respetaran los contratos de la concesión minera con la comunidad indígena, puesto que ya no se estaban respetando del todo, estaban intentando expandir el territorio minero”, explicó el familiar de Antonio al columnista. En dichos contratos, abundó, se definió un límite hasta donde puede llegar la actividad minera, pero Ternium quería avanzar más, lo que implicaba invadir territorio comunal que está dispuesto para otro tipo de uso de suelo.
“El conflicto con la minera es básicamente que la minera busca expandirse más allá de los términos que ya están establecidos en su concesión, y esto lo ha hecho sistemáticamente a través de los años sin importarle las decisiones comunales”, ya que la concesión data de los años 80- 90 del siglo pasado.
Cien días después de su desaparición, no hay un solo rastro de Ricardo y Antonio. Ya hay incluso dos detenidos y vinculados a proceso, pero de los defensores, ni un indicio.
A principios de marzo, la Fiscalía General (FGR) atrajo el caso. Le pedimos más información pero hasta la publicación de este artículo no hubo respuesta. La Fiscalía de Michoacán confirmó que el caso ya no les corresponde, ni a esa ni a la fiscalía de Colima, pues ya lo atrajo FGR, misma que anunció el lunes 24 de abril la vinculación a proceso de dos hombres por su probable responsabilidad en el delito de desaparición, con la agravante de que las víctimas son defensores de derechos humanos.
La familia Lagunes Gasca nos dijo que por el momento no está dando entrevistas para no interferir con las investigaciones. Por su parte, la de Antonio cuestionó la actuación de las fiscalías locales, especialmente la de Colima, que los revictimizó tratándolos como si les hiciera un favor; mientras que la de Michoacán lanzó la recompensa de medio millón a quien proporcione información sobre el paradero de los defensores, pero no hizo más.
Los Díaz Valencia celebran que la FGR haya atraído el caso y que ya haya detenciones; si bien los defensores siguen sin aparecer, consideran que en México “tristemente es poco común que en unos meses haya una detención”, lo cual resulta esperanzador para las familias, aunque ni siquiera con dos detenidos se ha logrado tener información sobre el paradero de Antonio y Ricardo.
Además, la identidad de los vinculados a proceso no les dice nada: ni la familia Díaz ni los Lagunes los conocen, ni hay nada en ellos que sugiera el motivo por el que desaparecieron a los activistas, ni ellos han proporcionado en sus declaraciones ministeriales ningún dato sobre su localización, según relata el entrevistado.
Mientras tanto, la vida es dramáticamente distinta para los Díaz Valencia, a tres meses de no saber del padre de familia. “En todo sentido, tanto para mi familia como para la comunidad, fue algo traumático para todos nosotros y que hasta la fecha no podemos procesar. Todavía seguimos… pues luchando por saber qué hacer y cómo hacerlo”.
Ya no salen a la calle con tranquilidad, toman medidas de seguridad, se avisan a dónde y con quién van, cuidan con quién hablan. “Tener que lidiar con el aparato del Estado y con la ineficiencia que tiene, tener que luchar contra él todos los días para que no haya un carpetazo, para que las autoridades hagan lo que les corresponde; tener que balancear tu vida junto con la búsqueda, junto con los trámites y al mismo tiempo tratar de mantener la compostura, es como… está cabrón. Te cambia toda la vida”.
